Nosotros pusimos el tema en la agenda del Estado
Con la media sanción a la ley que castiga a los agresores, las entidades que nuclean a los médicos revindican su labor de años en el tema e insisten en la necesidad de generar herramientas de prevención.
Con el avance en la Legislatura provincial del proyecto que prevé condenas de entre 10 y 40 días –siempre que el Código Penal no contemple penas mayores– para hechos de violencia en todas sus manifestaciones contra trabajadores de la Salud, las entidades que agrupan a los médicos experimentan la satisfacción por el avance concreto frente a la impunidad y la sensación de indefensión de quienes se desempeñan en centros asistenciales. Asimismo, reivindican el hecho de que, luego de un trabajo sostenido durante años, “nosotros pusimos el tema en la agenda del Estado”, como afirmó Dardo Dorato, secretario general de AMR, quien resaltó que lo importante es seguir sosteniendo la tarea preventiva y los modos de abordaje de lo que, según la titular del Colegio de Médicos, Sonia Martorano, “es una problemática que atenta contra las condiciones laborales y hace vulnerables a quienes se desempeñan en el sector”.
“Sabemos que la violencia es un problema que afecta a la sociedad en general y nos compromete a todos y son legítimas las opiniones de todos, pero en Salud es creciente y afecta la cotidianeidad de los trabajadores; por lo que resultaba necesario una normativa que condene ataques. De todos modos, entendemos que es una problemática que, más allá de circunstanciales polémicas, se debe seguir trabajando en el plano preventivo para que se garantice a la sociedad el derecho a la Salud y se respeten las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores”, sostuvo Dorato, quien destacó que la AMR, además de ir abordando los casos puntuales que se fueron dando en estos últimos años, también procuró estudiar el tema en profundidad, generar espacios de discusión entre colegas y elaborar propuestas; porque –resaltó– “es una cuestión que debe estar incorporada a la agenda del Estado”.
En el mismo sentido, se pronunció Martorano. “La violencia social está instalada y la Salud no escapa a eso”, afirmó y valoró “el trabajo conjunto del Colegio de Médicos, la Asociación y AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina), a lo largo de los años con talleres, cursos y debates, donde se empoderó a distintos actores sociales”.
Consultado sobre los planteos respecto de cierres de efectores ante eventuales casos de violencia, el secretario General de la AMR aclaró: “No debemos propiciar un debate confuso, nuestra preocupación es evitar los casos de violencia y, en caso de que se concreten, tener las herramientas para abordarlos. Para eso están los protocolos; en cambio, la decisión de un cierre es una medida extrema, que no forma parte de protocolos sino que está en relación con circunstancias muy particulares y que se definen en ese contexto; entonces no es algo que se pueda dejar sentado”.
Precisamente, las tres entidades que mencionó Martorano fueron las que elaboraron un anteproyecto de ley, que el pasado 5 de mayo presentaron al senador provincial Miguel Cappiello. Este recibió de buen grado la iniciativa, la hizo propia y con algunos ajustes formales, la presentó en la Cámara alta provincial, donde el 22 de junio último tuvo voto favorable y, ahora, espera su aprobación en Diputados.
El proyecto de ley apunta a una reforma en el Código de Faltas, mediante la cual se condene con arresto de entre diez y cuarenta días –siempre que no corresponda una pena mayor según el Código Penal– a quienes agredan, de cualquier forma, a médicos o a trabajadores de la Salud dentro o fuera de los establecimientos asistenciales, tanto públicos o privados.
Por lo general, los hechos de violencia ocurren ante una noticia adversa y –apunta Martorano– “hay una descarga al momento sobre el sistema, que pone en riesgo a la integridad de los que trabajan”.
Una preocupación de larga data
Tanto la Asociación como el Colegio de Médicos vienen abordando desde hace años la problemática de la violencia laboral de la que son víctimas los trabajadores de la Salud. Según señala Dardo Dorato, ya en 2008 comenzaron las primeras inquietudes que se canalizaron en la indagación de otras realidades –tanto fuera como dentro del país– y el relevamiento de bibliografía sobre la cuestión, lo que permitió comprobar que el porcentaje de ataques y agresiones en el sector superaba la media de los trabajadores en general; lo que corroboraba la creciente manifestación de situaciones de esa naturaleza que le transmitían sus afiliados. Vale destacar que, de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud, la cuarta parte de los hechos de violencia laboral se producen en los servicios de Salud.
“Los primeros debates que tuvimos en la Asociación llegaron a través de quien entonces era nuestra secretaria Gremial, Angela Priggione. Estábamos observando que la violencia crecía en los servicios de salud, principalmente guardias médicas y en las ambulancias”, recuerda el secretario General de la AMR y agrega que, a partir de ahí, se “trató de dar un tratamiento institucional”.
Fue así como, al acompañamiento de los casos que se presentaban, se empezó a trabajar de manera más sistematizada con el propósito de prevenir la violencia laboral y hacer que este problema fuera parte de la agenda de los Estados provincial y municipal.
El 22 de setiembre de 2011 el Colegio y la AMR habían presentado el documento “Violencia Laboral en los servicios de Salud”, que surgía de las reflexiones de un taller que habían realizado meses atrás y del que participaron alrededor de cien profesionales.
Tiempo después, y mientras se replicaban talleres en distintos efectores, se elaboró un Protocolo de Registro de Incidencia de la violencia, que esas entidades pusieron a disposición de los Estados municipales y provinciales. A la vez, se desarrollaron programas de capacitación destinados a prevenir y también manejar situaciones de violencia. “Se trata de un instrumento válido para prevenir ataques y contener a las víctimas, a la vez que las orienta para continuar las acciones que consideren necesarias”, explicó Dorato.
El proyecto de las entidades profesionales
Más allá de las repercusiones de algunos casos, el tema siempre fue de ocupación y preocupación de las entidades que agrupan a los médicos, las que en los últimos meses elaboraron un proyecto que hizo propio el senador Cappiello y hoy tiene media sanción en la Legislatura provincial. “Cuando lo pensamos, vimos que era muy dificultoso realizar cambios en el Código Penal y que se podía concretar a partir de una reforma del Código de Faltas”, contó Martorano, sobre la iniciativa que propicia condenas de entre 10 y 40 días de prisión para quienes agredan a trabajadores de la Salud, tanto en efectores públicos como privados, siempre que el Código Procesal Penal no contemple penas superiores para esos ataques.
Por otra parte, explica los alcances de la figura del agresor, que incluye “no solamente al autor, sino también al instigador, cómplice o partícipe activo o pasivo y por agresión se entiende no solamente la física o psicológica sino también las amenazas, intimidación, maltrato, menosprecio, insulto, discriminación, desvalorización de la tarea realizada, acoso y cualquier otro acto de violencia física o psicológica que se dirija contra un Profesional del Arte de Curar o trabajador de la salud, se encuentre o no en relación de dependencia, como consecuencia de sus funciones”.
